Uno de los puntos clave para lograr una estrategia efectiva de vacunación contra el COVID-19, especialmente en su fase inicial en la que se prevé un suministro limitado de vacunas, consiste en la priorización de su aplicación.
Para su diseño y aplicación se han definido algunos criterios, atendiendo factores de salud pública, sociodemográficos y de evidencias científicas de la eficacia de las vacunas. Entre ellos, se debe comenzar con los grupos de riesgo (por ejemplo, el personal de la salud más expuestos a la infección, que además es indispensable para preservar la capacidad de cuidar a los pacientes con COVID-19 u otras enfermedades); administrarla inicialmente a las personas más vulnerables (personas mayores y las afectadas por enfermedades crónicas y debilitantes en las que se ha comprobado que la vacuna es beneficiosa para protegerlas contra la infección); y luego vacunar a las personas más jóvenes para que hagan de barrera en la cadena de transmisión.
También la vacunación debe centrarse primero en aquellas regiones del país donde la incidencia de la COVID-19 sea más alta. Estos enfoques, han de modularse en función de las circunstancias de cada momento y de la disponibilidad real de aplicar la vacuna de manera efectiva a la población. Debe considerarse también la duración de la inmunidad luego de la aplicación de la vacuna y su efectividad ante mutaciones del virus. Finalmente, debe considerarse cómo impactará la administración de la vacuna en los servicios esenciales, como los centros hospitalarios o la atención primaria.
Todas estas decisiones tienen un marco ético fundamental, consistente en maximizar los beneficios y minimizar los daños, promover la justicia y mitigar las inequidades en la salud y sustentado en la solidaridad con las personas más expuestas a riesgo, por razones profesionales, como es el personal de salud y con la equidad y justicia distributiva, para proteger a aquellos más vulnerables que requieren con prioridad los mayores esfuerzos de protección. El buen desarrollo del programa de vacunación contra el COVID-19, exigirá que el esquema de priorización acordado sea confiable, suficientemente divulgado, conocido y validado socialmente por la población y que esté libre de sesgos, privilegios o discriminaciones y que asegure progresivamente el acceso a la vacuna a todos y cada uno de los ciudadanos de manera ordenada y oportuna.
La Academia Nacional de Medicina se ofrece para brindar la asesoría técnica necesaria para apoyar al gobierno nacional en tan importante tarea.
En la Parroquia El Paraiso, de Caracas hay un sector invisible. Los llaman zona de silencio pero en la realida es silenciada por una señora que sin ser médico, es la que da las órdenes. Les sirve el centro urbano, de asentamientos en grandes condominios; para elevar la demanda de insumos médicos. Pero siempre con un ardid la poblacion es ignorada.
Cerraron el unico consultorio medico del sistema de salud pública, en minimas funciones desde la pandemia.
Esto es la discriminacion de un sector geográfico.