El desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 en un tiempo récord es un bien preciado y se percibe como la esperanza para volver a la “normalidad”. Esa esperanza de la vacunación contra la COVID-19 se ve frecuentemente entorpecida en una pandemia caracterizada por la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. La programación de la vacunación, como acción colectiva en salud pública, debe gestionarse con una planificación enfocada en la dignidad de la persona, con apego a la perspectiva de los derechos humanos y los principios éticos que son fundamentales en salud: autonomía, beneficencia, no
maleficencia y justicia distributiva.
En un país deteriorado, con recursos de salud escasos, con una población de alta vulnerabilidad, es indispensable respetar el principio de justicia distributiva, la equidad y la priorización de los grupos de mayor riesgo en el acceso a la vacuna. En ninguna circunstancia se pueden permitir la improvisación, la discrecionalidad, ni las decisiones individuales. La definición del plan de vacunación y la toma de decisiones deben ser establecidas por las autoridades de salud en un marco deliberativo, como el de la ética de la responsabilidad.
Algunas personas se niegan a recibir la vacuna alegando la justa defensa de su autonomía y libertad individual, lo cual es válido siempre y cuando no comprometa el derecho de otros, como ocurre en situaciones de pandemia. Debe privilegiarse el bien general sobre el individual y analizase los casos particulares, donde la vacunación constituye un riesgo real. Es necesario insistir en que la vacuna no es la panacea para solucionar la pandemia, y que debe concientizarse a la población en el mantenimiento de las medidas de autocuidado tales como el uso adecuado de los tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos.
La Academia Nacional de Medicina se ofrece a colaborar en el logro de un acuerdo nacional con las autoridades sanitarias para la implementación del programa de vacunación, en conjunto con las otras Academias, Sociedades Científicas, Universidades, Sociedad Civil, entre otras organizaciones, manteniendo como principio la transparencia en la información y la no politización del proceso.