Un Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 requiere tomar en cuenta el contexto político, social y económico del país. Desde principios de 2016 el país comenzó a enfrentar lo que organismos de Naciones Unidas definen como una “Emergencia Humanitaria Compleja”. Se trata de un proceso de larga instalación, de origen político, que erosiona todas las estructuras de un país, hasta producir privaciones severas en los derechos a la salud, la alimentación, la educación y acceso a servicios básicos Se trata de situaciones de gran inseguridad humana, que generan entre otras cosas, desplazamientos internos y migraciones forzosas.
En 2019, el gobierno venezolano finalmente reconoció la necesidad de facilitar la instalación de la llamada “arquitectura humanitaria” en Venezuela, coordinada por Naciones Unidas, que de manera no oficial venía operando con esa perspectiva desde 2018. La Comisión Europea, por medio de su órgano humanitario, ECHO, ya había comenzado a apoyar proyectos de alianzas entre agencias de la ONU, el movimiento de la Cruz Roja y otros actores internacionales, con organizaciones no gubernamentales locales, que con el tiempo fueron fortaleciendo sus capacidades y alcance.
Actualmente, 95 organizaciones (59 nacionales, 19 internacionales y 17 grupos privados y académicos), se encuentran implementando programas humanitarios reportados al sistema de monitoreo de la ONU, en las áreas de salud, seguridad alimentaria, nutrición, educación, agua y saneamiento, alojamiento y enseres y protección. Estos programas, sumados a los que implementa el propio sistema de la ONU, cubren los 335 municipios de Venezuela. Este conjunto de organizaciones requiere de un entorno favorable para la implementación y ampliación de la respuesta humanitaria en Venezuela, con garantías, así como un marco legal habilitante que las reconozca plenamente como un actor clave para complementar la acción del Estado y el sistema de Naciones Unidas.
La pandemia de la COVID-19 viene a agravar la crisis humanitaria en Venezuela. En este sentido, la sociedad civil tiene un papel importante en asegurar que el acceso a vacunas se realice de manera eficiente y equitativa en toda la población, sirviendo al mismo tiempo de facilitador y veedor del proceso.
La Academia Nacional de Medicina en conjunto con el resto de la Sociedad Civil, ofrece sus conocimiento y experticia en el tema, basados en principios humanitarios, imparcialidad, neutralidad e independencia operativa.